La Universidad de las Fuerzas de Seguridad incorporó investigación a su diseño académico

La Ley XVIII 42 reúne formación policial y penitenciaria y establece áreas de ciencia, tecnología, evaluación pedagógica y posgrado. La investigación criminal tiene una carrera específica dentro de ese esquema.

La Universidad de las Fuerzas de Seguridad de Misiones fue creada en 2021 con un mandato que incluye investigación científica y técnica en seguridad pública. La Ley XVIII 42, impulsada por Carlos Rovira, unificó el sistema educativo policial y penitenciario bajo una institución dependiente del Ministerio de Gobierno. Su diseño incorpora tecnologías para el aprendizaje y una estructura académica destinada a producir y transmitir conocimientos.

La creación fue aprobada en la primera sesión ordinaria de aquel año. Entre las decisiones comprendidas por la norma figura la Licenciatura en Investigación Criminal, cuya implementación requiere acuerdos educativos con el Superior Tribunal de Justicia y otros organismos relacionados. Esos convenios deben definir alcance formativo, diseño curricular y condiciones de ingreso.

El proyecto universitario se apoya en instituciones que ya integraban la formación de las fuerzas: la Escuela Superior de Policía General Manuel Belgrano, el Instituto Superior de Formación Técnica Profesional y el Instituto Superior en Ciencias Penitenciarias Andrés Guacurarí y Artigas. La ley previó reglas de transición para acompañar a quienes cursaban bajo el sistema anterior.

Investigación en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad

La generación de conocimiento está incluida entre los objetivos institucionales. La universidad debe realizar investigaciones científicas y técnicas sobre seguridad pública y campos relacionados, además de promover herramientas tecnológicas para evaluar, prevenir e investigar delitos. La norma vincula esas tareas con una formación profesional respetuosa de los derechos humanos, las instituciones y el orden democrático.

Para organizar ese trabajo establece departamentos superiores dedicados a Investigación, Ciencia y Tecnología; Evaluación y Asistencia Técnico-Pedagógica; Extensión Universitaria; y Especialización y Posgrado. Sus funciones abarcan investigación, formación de recursos humanos para docencia y ciencia, extensión y evaluación curricular e institucional.

La estructura distingue así la enseñanza de una carrera, la preparación de docentes y las actividades de investigación. También asigna un espacio a la evaluación de la propia institución. Esa distribución forma parte del diseño legal; la existencia de una función prevista no acredita por sí sola proyectos concluidos, publicaciones o resultados tecnológicos determinados.

Una licenciatura vinculada con el sistema judicial

La Licenciatura en Investigación Criminal tiene un capítulo propio en la ley. Su articulación con el Superior Tribunal de Justicia permite que la definición académica contemple los alcances de la formación y las condiciones pertinentes para enseñar esa especialidad. La norma encomienda establecer esos aspectos mediante acuerdos, sin reemplazarlos por un plan de estudios detallado.

La creación provincial de la universidad también incluyó una responsabilidad específica para el Rectorado: gestionar el reconocimiento institucional y la acreditación de las carreras ante los organismos educativos correspondientes. Por eso la ley de creación y los procedimientos de reconocimiento deben distinguirse al describir la oferta académica y sus títulos.

La Facultad de Seguridad Pública es el ámbito previsto para administrar las carreras. Tiene a su cargo una formación científica, técnica y humanística, mientras que las direcciones de carrera deben coordinar la actividad curricular, supervisar la tarea de docentes y estudiantes e impulsar investigación y extensión. La organización académica dispone responsabilidades en distintos niveles.

Tecnologías de aprendizaje y formación continua

El modelo educativo establecido por la Ley XVIII 42 incorpora metodologías activas y disruptivas mediante tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. También contempla carreras de grado y posgrado sujetas a las normas, reglamentos y estatutos aplicables. El uso de tecnología queda asociado con la enseñanza y con los campos profesionales de la seguridad pública.

La Secretaría General Académica debe coordinar carreras de pregrado y grado, programas de formación técnica y actividades de formación continua. Entre sus responsabilidades figuran la gestión docente y los asuntos relativos al alumnado. Esa función permite ubicar la actualización profesional dentro de la organización universitaria, junto con la enseñanza de las carreras.

La formación práctica cuenta con direcciones específicas. A ellas se les asigna la enseñanza no incluida en los planes aprobados y el desarrollo de competencias para procedimientos y uso racional de la fuerza. La ley distingue esa preparación operativa de la gestión curricular de las carreras, aunque ambas integran el mismo sistema educativo.

Gobierno universitario, extensión y recursos

El Rectorado conduce la actividad académica y administrativa y representa a la institución. El cargo corresponde al ministro de Gobierno, quien puede designar a otra persona bajo los requisitos y plazos legales. La norma exige título universitario de grado y experiencia en educación superior, y prevé un Vicerrectorado para coordinación y asistencia.

El Consejo Académico Superior tiene atribuciones normativas y de asesoramiento, mientras que un Consejo Asesor reúne representación de las instituciones policial y penitenciaria. Este último debe seguir el desarrollo de la formación, realizar recomendaciones y proponer acciones educativas. La vinculación con entidades universitarias y otras organizaciones forma parte de los objetivos generales.

Los recursos previstos incluyen partidas provinciales, contribuciones, donaciones y fondos provenientes de servicios, publicaciones o derechos de explotación de trabajos realizados en la universidad. Los ingresos por servicios y convenios deben incorporarse a una cuenta especial. El estatuto cuya aprobación corresponde al Poder Ejecutivo debe establecer, entre otros aspectos, el régimen de docencia, investigación y extensión.