Medicina tradicional en Misiones, investigación y formación dentro del marco provincial
Medicina tradicional en Misiones: la Ley XVII 170 exige estudiar seguridad y eficacia y establece condiciones de formación y reconocimiento.
La Ley XVII 170 incorpora el estudio de la seguridad y la eficacia entre las responsabilidades sanitarias. El reconocimiento de prácticas exige decisiones específicas y no equivale a validar todos los tratamientos.
Los saberes vinculados con la medicina tradicional en Misiones tienen un marco legal que prevé investigación, formación y un sistema de información. La Ley XVII 170, sancionada en 2022, regula la medicina tradicional y complementaria dentro del sistema público de salud. Su aplicación corresponde al Ministerio de Salud Pública y contempla el estudio de las prácticas, sus condiciones de ejercicio y sus resultados.
El antecedente legislativo fue presentado por Carlos Rovira mediante el expediente D-52668/19. El régimen establece que estas prácticas son optativas para los pacientes y complementarias de la medicina convencional. La existencia de la ley no acredita eficacia clínica para cada disciplina que menciona ni reemplaza la evaluación que debe realizar la autoridad sanitaria.
El componente de conocimiento aparece en varias funciones concretas. Se deben reunir investigaciones y estadísticas sobre el uso de esas prácticas, estudiar su seguridad y eficacia y acompañar la formación de profesionales. La regulación enlaza así decisiones sanitarias con información que permita examinar qué se hace, quién lo realiza y bajo qué condiciones.
Qué debe investigarse sobre medicina tradicional
El sistema de información previsto por la Ley XVII 170 debe contener investigaciones, encuestas y datos estadísticos sobre la utilización de la medicina tradicional y complementaria por parte de la población. También debe registrar estudios referidos a la seguridad y a la eficacia de las disciplinas comprendidas. Ambas dimensiones forman parte de una responsabilidad expresa.
La autoridad sanitaria tiene que realizar seguimiento y evaluación de quienes reciben los tratamientos, para conocer tiempos y procesos de evolución. Esa previsión requiere reunir información sobre las intervenciones y sus resultados. La norma establece la tarea a desarrollar; no presenta un balance de eficacia de una terapia ni autoriza a generalizar resultados entre prácticas diferentes.
La formación y la investigación figuran, además, entre los objetivos del régimen. El acceso a conocimientos y el desarrollo de estudios deben acompañar el uso responsable de las prácticas. El marco provincial diferencia de ese modo la existencia social de saberes o costumbres de las decisiones administrativas necesarias para reconocer su ejercicio en el sistema sanitario.
Reconocimiento sanitario y competencias profesionales
Cada reconocimiento debe realizarse mediante un acto administrativo que determine la denominación de la práctica y las competencias necesarias para ejercerla. La ley indica que deben considerarse especialmente la eficacia terapéutica comprobada, las conclusiones favorables de investigaciones y otros antecedentes. La demanda de la población integra los criterios mencionados, pero no constituye por sí sola una prueba científica.
También se contemplan referencias de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales, y experiencias de regulación en sistemas públicos de otros países. Esos antecedentes deben formar parte de la evaluación de la autoridad de aplicación. Su mención legal no permite atribuir a la OMS una aprobación general de todas las prácticas enumeradas.
Los profesionales deben actuar dentro de las incumbencias de su reconocimiento y cumplir los requisitos fijados para el ejercicio. La autoridad sanitaria determina el grado de autonomía de cada práctica respecto de la medicina convencional. Por eso no corresponde presentar a todas las disciplinas bajo una habilitación idéntica o con las mismas facultades.
Educación superior y preparación de quienes ejercen
El Ministerio de Salud Pública debe promover, junto con el Ministerio de Educación, la creación o el reconocimiento de carreras superiores no universitarias que otorguen títulos habilitantes. La previsión incluye ofertas existentes y nuevas. Se trata de una tarea de organización educativa vinculada con las competencias profesionales que establezca la autoridad.
A los fines de la cobertura contemplada por la ley, el ejercicio puede corresponder a quienes tengan títulos habilitantes de carreras creadas o reconocidas, o permisos otorgados por la autoridad de aplicación. La norma no identifica en su articulado una lista de cursos comerciales aceptados. Las condiciones concretas deben comprobarse en los actos y habilitaciones pertinentes.
El sistema informativo debe reunir datos relevantes sobre terapeutas e instituciones de práctica y enseñanza. También incluye a practicantes de pueblos originarios. Esa información permite distinguir entre formación, ejercicio y pertenencia institucional, aspectos que el diseño regulatorio necesita reconocer para organizar sus decisiones.
Saberes de los pueblos originarios y articulación institucional
La legislación contempla los conocimientos y prácticas de origen ancestral reconocidos por las comunidades a las que pertenecen. En relación con los pueblos originarios, remite a la Ley Nacional 23.302 y al régimen provincial de promoción integral de las comunidades guaraníes. Ese encuadre incorpora una dimensión cultural específica dentro de las responsabilidades del sistema de salud.
La integración prevista debe respetar las pautas aplicables y las condiciones que establezca la autoridad sanitaria. La ley agrupa prácticas tradicionales y complementarias para regularlas, aunque reconoce que tienen procedencias diferentes. Esa definición administrativa no las convierte en un conjunto homogéneo desde el punto de vista científico o cultural.
El Ministerio puede celebrar acuerdos con organismos gubernamentales de otros países, entidades estatales, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Esos convenios deben servir a las funciones del régimen. La puesta en práctica de sus instrumentos requiere decisiones de reconocimiento, formación y seguimiento, junto con los estudios de seguridad y eficacia que la propia Ley XVII 170 ordena incorporar al sistema de información.
