Blockchain en Misiones: qué prevé la ley para los datos y procesos públicos

La tecnología blockchain en Misiones ingresó en la agenda legislativa con una propuesta que relacionó registros digitales, trámites administrativos y servicios ambientales. El 8 de julio de 2021, la Cámara de Representantes aprobó el programa provincial de innovación financiera promovido por Carlos Rovira y Roque Gervasoni. La Ley VII 93 estableció sus lineamientos y dejó decisiones técnicas y operativas a cargo de la autoridad de aplicación.

El programa tiene un componente de gestión de información que resulta central para entender su alcance. Propone utilizar cadenas de bloques para registrar operaciones, integrar servicios y desarrollar aplicaciones. También contempla activos digitales y un Certificado Verde vinculado con beneficios ecosistémicos. Cada herramienta exige una implementación específica; la sanción de la norma establece el marco institucional, sin acreditar por sí misma que todos esos servicios estén disponibles al público.

Cómo organiza la información una cadena de bloques

La ley describe blockchain como una sucesión de registros vinculados. Cada bloque incorpora información de operaciones, una referencia criptográfica al anterior y una marca temporal. Esa organización permite relacionar una incorporación con las anteriores y conservar una secuencia de registros. La arquitectura concreta depende del protocolo que se seleccione y de las reglas adoptadas para aceptar nuevas operaciones.

Los nodos son los equipos conectados a esa red. El consenso establece cómo se determina el estado válido de un registro y cómo se acuerda la incorporación de bloques. Estos conceptos forman parte del vocabulario técnico incluido en la ley, porque la construcción del sistema requiere decidir quiénes participan, qué información se registra y qué procedimientos se aplican para validarla.

La criptografía aporta técnicas para proteger información y controlar su lectura. Un hash, por su parte, obtiene una salida de tamaño fijo a partir de datos que pueden tener distintas extensiones. En la cadena, esa referencia enlaza bloques. Son funciones técnicas diferentes que intervienen en la organización y protección del registro, junto con las condiciones de operación que debe definir la autoridad responsable.

Digitalizar procedimientos y reducir el uso de papel

Entre los objetivos de la Ley VII 93 está simplificar los procedimientos administrativos mediante herramientas digitales. La propuesta incluye estandarizar procesos y reducir la utilización de papel en organismos estatales. El trabajo comprende la manera en que circula y se incorpora la información, además del soporte que la almacena. Para pasar a un servicio concreto deben definirse sus reglas y sus usuarios.

Rovira relacionó el proyecto con la despapelización y el cuidado ambiental al fundamentar su presentación. El enfoque quedó plasmado en una norma que incorpora trazabilidad, transparencia y protección de los registros entre las metas del programa. La relación con la administración pública permite examinar usos distintos de los asociados habitualmente con la compraventa de criptomonedas: registrar una operación o seguir un procedimiento también supone organizar datos.

La autoridad de aplicación está facultada para construir plataformas que integren servicios y aplicaciones. Debe seleccionar el protocolo de blockchain, precisar su alcance y determinar cuántos nodos requiere la implementación. Estas decisiones definen el funcionamiento de la red provincial prevista por la ley y necesitan ser instrumentadas mediante medidas técnicas y administrativas.

Tres líneas de desarrollo relacionadas

El programa establece tres trayectos que deben desarrollarse de manera integral y simultánea. El primero consiste en construir el soporte de cadena de bloques para registrar transacciones. El segundo contempla activos digitales como medios de intercambio. El tercero incorpora contratos inteligentes dentro de un sistema de digitalización. La ley los presenta como partes relacionadas de una misma política tecnológica.

Los llamados contratos inteligentes son secuencias de tareas programadas que se ejecutan dentro de la blockchain. La autoridad debe establecer qué usos tendrán y hasta dónde se aplicarán. Esa definición permite distinguir una herramienta de automatización de la totalidad del procedimiento en el que participa. La norma habilita su utilización, mientras que cada aplicación requiere especificar sus condiciones operativas.

Para los activos digitales, la ley asigna responsabilidades sobre almacenamiento, disponibilidad, respaldo, resguardo y auditoría. También exige definir alcances y beneficiarios. Estas previsiones no fijan una rentabilidad ni constituyen una oferta de inversión. Describen obligaciones de organización del programa y materias que deben resolverse antes de considerar una prestación concreta como efectivamente implementada.

El Certificado Verde y la información ambiental

El Certificado Verde se define como un documento que avala beneficios derivados de servicios ecosistémicos asociados con la preservación de la biodiversidad. La ley relaciona esos beneficios con límites a la explotación económica del suelo misionero. Prevé que su validación se realice mediante blockchain para aportar seguimiento y transparencia a los procesos y controles correspondientes.

La emisión debe instrumentarse conjuntamente entre la autoridad del programa y la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Esta distribución de responsabilidades vincula el registro tecnológico con una competencia ambiental específica. Para conocer certificados efectivamente emitidos y sus condiciones hay que acudir a los actos y procedimientos que desarrollen esa facultad; la descripción legal del instrumento es el punto de partida.

La Ley VII 93 permite celebrar convenios con organismos y entidades públicas y privadas de distintos niveles. También habilita adecuaciones presupuestarias para desarrollar el programa. Su implementación queda ligada a decisiones verificables: el protocolo elegido, la organización de nodos, los servicios incorporados y los mecanismos de resguardo y auditoría de los activos digitales.